El secretario de Organización del PSOECyL y procurador socialista por la provincia, Daniel de la Rosa,  ha anunciado hoy que este partido ha registrado una pregunta para respuesta escrita en las Cortes de Castilla y León para conocer el alcance de la relación contractual de la empresa de la que fue accionista el presidente del PP de Burgos y de la Diputación, Borja Suárez, con las administraciones e instituciones públicas que gobierna el Partido Popular.

 

Lo ha dado a conocer en una rueda de prensa junto al resto de procuradores socialistas por la provincia en la que, ha criticado que  “dos meses y medio después de que él mismo reconociera que ha vulnerado la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y la Ley de Contratos del Sector Público por los contratos de la citada empresa con el Ayuntamiento de Burgos, en donde es concejal, seguimos sin que se asuma ningún tipo de responsabilidad; ni política, ni orgánica, ni institucional”.

 

De la Rosa ha recordado que, además, según publicó ‘eldiario.es’, la Junta de Castilla y León también contrató a la empresa de la que Suárez participaba con más del 10% del accionariado en al menos tres ocasiones, a través de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y de la de Economía.  “Por eso, hemos registrado una pregunta: queremos comprobar hasta dónde llega la relación contractual de la empresa de la que ha sido accionista el presidente del PP de Burgos con las administraciones e instituciones públicas gobernadas por el Partido Popular, tanto en la ciudad de Burgos, como en la provincia, pero también con  las dependientes de la Comunidad Autónoma”.

 

Por otra parte, el procurador socialista ha acusado al PP y Vox de esperar a la celebración de las elecciones andaluzas para anunciar el acuerdo de gobierno en Castilla y León con fines electoralistas. Se ha mostrado convencido de que el pacto está alcanzado, pero ambas formaciones no han querido desvelar los términos del mismo para evitar que influya en el sentido del voto en Andalucía. Mientras tanto, ha denunciado, la actividad parlamentaria en la Comunidad está paralizada desde el último Pleno de diciembre de 2025, e incluso desde julio de 2024, cuando el PP se quedó gobernando en minoría, tras la salida de Vox.

 

Lo peor, según ha explicado, es que previsiblemente esta actividad no se recuperará hasta el Pleno ordinario de las Cortes de Castilla y León del próximo mes de septiembre, lo que impide a la oposición fiscalizar los acuerdos que está adoptando el Partido Popular y que está anunciando a través del Consejo de Gobierno o debatir sus propuestas, perjudicando a la ciudadanía.