El Grupo Provincial Socialista pedirá en el Pleno del próximo jueves que la Diputación vuelva a estudiar las solicitudes de prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas que no tengan reconocido grado de dependencia, tal y como se hacía hasta abril del año pasado, según el diputado provincial Ignacio Grajal.

 

Según le consta, “la política” del servicio de Bienestar Social es, desde entonces, rechazar las peticiones de este servicio a personas no dependientes, salvo en algunos casos excepcionales “por razones de urgencia”, por ejemplo. Y, aunque es cierto que ya no existe lista de espera para quienes sí tienen reconocida la dependencia, la medida perjudica a muchos mayores que precisan de esta ayuda para cuestiones como controlar su medicación, las citas médicas o los trámites ante la administración, aunque puedan desarrollar “sin problemas” la mayor parte de su actividad.

 

“Entendemos que no hay justificación; no sabemos a qué se debe ese cambio de política que se produjo el año pasado y pedimos que se vuelva a incluir en el servicio a los solicitantes que sean tramitados por los Ceas y que las profesionales de ese servicio consideren si deben tener lista de espera”, ha dicho.

 

El socialista descarta que la nueva política obedezca a un problema económico, puesto que, según afirma, la Diputación no agotó el presupuesto de 2025 destinado al servicio de ayuda a domicilio, de 7.568.000 euros y se saldó finalmente en 7.031.000 euros. Además, añade que, de esa cantidad, la Junta de Castilla y León cubre más de cinco millones de euros y las aportaciones de los usuarios más de un millón. Datos que le sirven para descartar motivos económicos en la decisión del equipo de gobierno de cerrar la puerta a este servicio a personas no dependientes desde hace más de un año, con 228 perjudicados hasta la fecha.

 

Grajal señala como víctimas del “efecto colateral” de estos recortes a las trabajadoras del servicio, que antes eran 400 y ahora 375, “porque se reducen las horas de servicio y, por tanto, el salario”, en un servicio “de muy difícil cobertura”. Por eso, defiende que el aumento de horas de servicio que generaría recuperar la atención a personas no dependientes “contribuiría a que los habitantes de nuestros pueblos se queden en los pueblos y a que los trabajadores ganen más dinero y se puedan quedar también en los pueblos, que es lo que quieren también”.

 

En la proposición, los socialistas pedirán también que la Junta cumpla su compromiso económico, de 5.603.000 euros para seguir garantizando la prestación del servicio. En concreto, insta a la Junta a la revisión del Acuerdo Marco de Servicios Sociales para garantizar el abono a la Diputación del 90% establecido en la normativa autonómica, en particular, el coste de las residencias de mayores que gestiona la institución provincial.